Hay historias que nacen en silencio, entre pasillos estériles, luces frías de quirófano y la confianza —a veces frágil— del paciente que entrega su cuerpo para ser sanado. La que llegó a la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias comenzó así, con una intervención programada, un diagnóstico claro y la promesa de una recuperación rápida. 

El paciente ingresó un 16 de noviembre de 2020 para someterse a una pieloplastia laparoscópica izquierda. Lo que debía ser un episodio quirúrgico controlado se convirtió, días después, en una batalla inesperada contra una adversaria microscópica, una pseudomona aeruginosa multirresistente. 

Tras la cirugía llegó una complicación y luego una fístula. Además de una nefrostomía y una recolocación urgente de un catéter. Y, finalmente, la fiebre. Esa fiebre que no cede y que en el hospital todos reconocen como señal de alerta.

El diagnóstico llegó como un jarro de agua fría. Infección urinaria por una bacteria resistente y agresiva, uno de esos riesgos que acechan en los entornos hospitalarios pese a todas las precauciones. 

El paciente decidió que aquello no era solo mala suerte. Era —creía él— el reflejo de una mala praxis. La falta de prevención, ausencia de un consentimiento informado adecuado, daños morales, días de ingreso e incertidumbre. En resumen, reclamó 200.000 euros por ello. Y la causa acabó ante los Tribunales. 

En cambio, la sentencia dibuja un panorama distinto al que presentó el paciente. Los informes médicos y periciales fueron unánimes, el hospital actuó conforme a la lex artis, aplicó profilaxis, siguió los protocolos, ajustó antibióticos según antibiograma y respondió clínicamente de manera diligente. 

Además, el Tribunal recordó algo crucial como es la colocación de catéteres urinarios que es uno de los principales factores de riesgo para este tipo de infecciones, incluso cuando se hace con la máxima asepsia. 

La pseudomona aeruginosa —explicaron los especialistas— es una vieja conocida en los entornos hospitalario, ya que es imprevisible, oportunista y difícil de evitar por completo. Un riesgo inherente, en pocas palabras. 

Aun así, el paciente sostenía que nadie le advirtió del riesgo concreto de contraer una pseudomona multirresistente. El tribunal fue claro ya que no es obligatorio detallar cada bacteria posible, sino comunicar los riesgos típicos de la intervención, y entre ellos estaba claramente incluido el de infección postquirúrgica con diferente gravedad. 

El documento de consentimiento informado aportado cumplía dicha función y, la ley, recordó la sala, no exige convertir la información clínica en enciclopedias imposibles de comprender para el paciente. 

Por ello, el Tribunal concluyó que la infección no era imputable al hospital. No se vulneraron protocolos, no hubo actuaciones negligentes y los daños —aunque reales— no alcanzaban la categoría de antijurídicos. 

La sentencia lo resume con cierta crudeza técnica, lo sucedido fue la “desgraciada materialización de un riesgo conocido”, un riesgo que el paciente había aceptado al firmar el consentimiento informado. 

Así, el recurso planteado por el paciente fue desestimado. Sin responsabilidad patrimonial, sin mala praxis y sin indemnización. 

Más allá del resultado, este tipo de resoluciones ponen sobre la mesa nuevamente un debate esencial:  

• ¿Hasta dónde llega la obligación del sistema sanitario en la prevención de infecciones intrahospitalarias?  

• ¿Cómo equilibrar la información suficiente sin caer en un exceso incomprensible para el paciente?  

• ¿Cuándo un riesgo inherente deja de ser soportable y pasa a ser indemnizable? 

Esta historia no es solo la de un paciente y una bacteria. Es la historia de los límites de la medicina, del consentimiento informado como herramienta imperfecta y del difícil equilibrio entre riesgo asumido y responsabilidad exigible.