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noviembre 4, 2026El Tribunal Supremo reconoce a la pareja del paciente el derecho a ser indemnizada cuando no se informó del riesgo de recanalización y la esterilización fracasa
Hay decisiones médicas que, aunque las firme una sola persona, se toman en pareja. Pocas lo son tanto como una vasectomía. Detrás de esa intervención suele haber una conversación previa, un proyecto familiar que se da por cerrado y, muchas veces, la decisión compartida de dejar de usar otros métodos anticonceptivos.
Por eso la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado el 21 de octubre de 2026 merece atención. No trata de un error técnico en el quirófano. Trata de algo que no se dijo antes de entrar en él. Y de a quién alcanza ese silencio.
Los hechos: una intervención correcta y un riesgo que nadie mencionó
Un hombre se sometió a una vasectomía en un centro sanitario público de la Comunidad de Madrid. La intervención buscaba una esterilización definitiva. Tiempo después, sus conductos deferentes se volvieron a unir de forma espontánea, lo que en medicina se conoce como recanalización. La esterilización dejó de ser eficaz y su pareja quedó embarazada sin haberlo previsto.
La recanalización es un riesgo conocido de la vasectomía. Poco frecuente, pero descrito en la literatura médica y típico de esta intervención. El problema es que nadie se lo había explicado al paciente antes de operarse.
El matrimonio reclamó a la Administración sanitaria. Tanto la Administración como, después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconocieron que había existido un déficit de información y concedieron al paciente una indemnización por daño moral. Pero rechazaron la reclamación de su esposa. El argumento era aparentemente sólido: ella no era la paciente, no había firmado nada y el derecho a ser informado no era suyo.
El marco legal: un derecho personalísimo
La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, es clara sobre quién es el titular del derecho a la información. Su artículo 5.1 establece que es el paciente, y que las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho serán informadas en la medida en que el paciente lo permita.
El artículo 8 exige que toda actuación en el ámbito de la salud cuente con el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez recibida la información adecuada. Y en las intervenciones quirúrgicas, ese consentimiento debe constar por escrito (artículo 8.2).
El contenido de esa información lo fija el artículo 10.1: las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales según la experiencia y el estado de la ciencia, y las contraindicaciones.
Como el caso se dirige contra un servicio público, entra en juego la responsabilidad patrimonial de la Administración del artículo 32 de la Ley 40/2015: los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que no tengan el deber jurídico de soportarla.
Qué dice el Supremo: el derecho es de uno, el daño puede ser de dos
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no discute que el derecho al consentimiento informado sea del paciente. Al contrario, lo reafirma: es un derecho personalísimo, ligado a su autonomía y a su integridad física y moral.
La clave está en otra distinción. Una cosa es quién es titular del derecho y otra a quién alcanzan las consecuencias de vulnerarlo. La falta de información sobre la recanalización impidió a los dos miembros de la pareja tomar decisiones informadas sobre su planificación familiar y sobre si mantener otros métodos anticonceptivos.
Para el tribunal, la mujer sufrió un daño propio, autónomo e individualizado: la frustración de su autodeterminación reproductiva. Su legitimación para reclamar, precisa la Sala, no nace de compartir el derecho al consentimiento informado, sino de haber padecido ese daño propio.
El Supremo estima el recurso, anula la sentencia del TSJ de Madrid y reconoce a ambos recurrentes una indemnización de 35.000 euros a cada uno, más los intereses legales. Fija además como doctrina que, cuando se omite información relevante sobre el riesgo de fracaso de una vasectomía, la pareja estable del paciente puede reclamar por los perjuicios propios derivados de esa omisión, siempre que acredite un daño efectivo y diferenciado.
No se trata, por tanto, de abrir la puerta a cualquier familiar. El tribunal exige un vínculo estable y un perjuicio real y propio, no un mero disgusto por lo ocurrido.
Qué debe hacer el profesional sanitario
La sentencia deja varias lecciones prácticas, válidas más allá de la urología:
- Informar del riesgo de fracaso, no solo de las complicaciones. En las intervenciones cuyo objetivo es un resultado concreto, como la esterilización, el riesgo de que ese resultado no se alcance o no se mantenga es información esencial. En la vasectomía, la recanalización espontánea y la posibilidad de embarazo deben figurar de forma expresa.
- Explicar las medidas que reducen ese riesgo. El paciente debe saber cuándo deja de necesitar otros métodos anticonceptivos y qué controles posteriores (como el seminograma) confirman la eficacia de la intervención.
- Dejarlo por escrito y en la historia clínica. El documento firmado es la mejor prueba de que se informó. Y la carga de probarlo, recuerda la jurisprudencia, recae en el profesional y el centro.
- Recordar que la decisión afecta a terceros. Cuando el paciente lo consienta, conviene ofrecer que su pareja participe en la consulta informativa. No sustituye su consentimiento, pero refuerza que ambos decidan con la misma información.
En intervenciones como esta, un consentimiento informado específico del procedimiento, que recoja de forma clara sus riesgos típicos, incluido el de fracaso, y que pueda personalizarse según el paciente, marca la diferencia. Es lo que permite demostrar, años después, que el paciente supo lo que firmaba.
Una decisión de dos
Esta sentencia no cambia quién es el titular del derecho a la información. Sigue siendo el paciente. Lo que hace es recordar que la información que se omite no desaparece: sus consecuencias recaen en la vida de quien decide y, a veces, también en la de quien decide con él.
Informar bien no es un trámite previo a la intervención. Es parte de ella. Y cuando se trata de decisiones que construyen o cierran un proyecto familiar, el silencio médico también tiene consecuencias para la familia.




