La medicina está llena de decisiones difíciles. Algunas conducen a la mejoría esperada; otras, pese a haberse adoptado correctamente, terminan generando consecuencias graves e indeseadas. La clave jurídica no siempre reside en el resultado, sino en una pregunta mucho más profunda: ¿sabía realmente el paciente a qué riesgos se enfrentaba antes de aceptar la intervención?

Una reciente sentencia ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre uno de los pilares del Derecho Sanitario: el consentimiento informado.

La protagonista del caso padecía una importante patología cervical. Tras consultar con un neurocirujano, se le indicó que la solución más adecuada para su situación era una intervención quirúrgica de columna cervical. La operación tenía como finalidad aliviar el dolor y mejorar su funcionalidad.

La cirugía se practicó en marzo de 2015, sin embargo, al día siguiente de la intervención aparecieron complicaciones neurológicas relevantes: pérdida de fuerza, alteraciones sensitivas y una afectación funcional que, según sostenía la paciente, condicionó gravemente su vida posterior. La demandante afirmaba que jamás fue advertida de que una operación concebida para mejorar su estado pudiera terminar provocando secuelas tan severas.

Convencida de que había sufrido una deficiente información sobre los riesgos reales de la intervención, interpuso una demanda de más de 75.000 euros por daños físicos, morales y gastos médicos.  

Lo más llamativo de la sentencia es que el procedimiento judicial no giró principalmente en torno a un supuesto error médico. De hecho, los diversos informes periciales aportados al proceso coincidían en señalar que la indicación quirúrgica era correcta, la técnica empleada era adecuada y la actuación del facultativo se había ajustado a la lex artis ad hoc.

Asimismo, destacaban que la complicación sufrida por la paciente constituía un riesgo conocido y descrito en la literatura médica de este tipo de cirugía cervical.  

La controversia acabó concentrándose en una única cuestión: si la paciente había recibido información suficiente para comprender y asumir conscientemente ese riesgo.

La resolución realiza una exposición especialmente didáctica sobre la naturaleza del consentimiento informado.

El juzgado recuerda que no se trata de una simple formalidad administrativa ni de un documento destinado a proteger jurídicamente al profesional sanitario. Su función es mucho más trascendente: permitir que el paciente tome decisiones libres y conscientes sobre su propia integridad física.

Según razona la sentencia, la información médica constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio efectivo de la libertad de decisión del paciente. Sin información suficiente, el consentimiento deja de ser auténtico consentimiento.

La idea no es nueva, pero la resolución la fórmula de manera especialmente clara: el derecho a decidir exige conocer previamente los beneficios, alternativas y riesgos relevantes de la actuación médica propuesta.

El aspecto más interesante del fallo se encuentra en la distinción que efectúa entre la materialización de un riesgo informado y una actuación negligente.

La sentencia recuerda que ningún médico puede garantizar resultados. Tanto en la medicina curativa como en la denominada medicina satisfactiva, la obligación profesional es esencialmente una obligación de medios. El facultativo debe emplear los conocimientos científicos disponibles, actuar con diligencia y aplicar las técnicas adecuadas, pero no puede comprometer el éxito del tratamiento.

Por ello, la producción de una complicación no implica automáticamente responsabilidad. Si el riesgo era conocido, previsible, inherente al procedimiento y fue correctamente explicado al paciente, su materialización no convierte por sí sola al médico en responsable civil.

En otras palabras, un resultado desfavorable no equivale necesariamente a mala praxis.

En este sentido, la paciente sostenía que nunca recibió información suficiente sobre la posibilidad de sufrir déficits neurológicos permanentes. Sin embargo, durante el procedimiento judicial se acreditó la existencia de un documento de consentimiento informado firmado antes de la intervención.

Además, los peritos y facultativos que intervinieron en el proceso coincidieron en afirmar que la paciente recibió explicaciones verbales complementarias y que incluso se utilizó un modelo anatómico para facilitar la comprensión de la cirugía propuesta y de sus posibles complicaciones.

El documento incorporaba referencias expresas al riesgo de lesiones nerviosas y al posible empeoramiento de la movilidad de extremidades superiores e inferiores, precisamente el tipo de complicación que posteriormente se produjo.

Ante esta prueba, el tribunal concluyó que el riesgo finalmente materializado estaba comprendido dentro de los riesgos típicos informados y asumidos por la paciente.

El juzgado a su vez termina rechazando la reclamación porque considera acreditados tres elementos fundamentales:

• Que la intervención estaba médicamente indicada.
• Que no existió vulneración de la lex artis.
• Que las complicaciones sufridas constituían riesgos típicos expresamente informados y documentados.

Por ello, la demanda es desestimada íntegramente, absolviendo tanto al neurocirujano como a la entidad hospitalaria demandada.

La relevancia de esta sentencia trasciende por tanto el conflicto concreto entre paciente y profesional sanitario.

El fallo recuerda que el consentimiento informado cumple una doble función: protege el derecho de autodeterminación del paciente y, al mismo tiempo, protege al profesional que ha actuado correctamente frente a reclamaciones basadas exclusivamente en resultados adversos.

Un consentimiento informado bien elaborado no consiste en recabar una firma. Exige explicar, comprender y documentar. Solo así puede acreditarse posteriormente que el paciente aceptó libremente los riesgos inherentes a la intervención.

Porque en medicina los riesgos no siempre pueden evitarse. Lo que sí puede evitarse es que el paciente los descubra por primera vez después de sufrirlos.